Un proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña propone crear el Programa Garrafa Social Ciudad, destinado a garantizar el acceso a garrafas de gas licuado de petróleo a hogares en situación de vulnerabilidad que no cuenten con acceso efectivo al servicio de gas natural por red. La iniciativa, impulsada por el legislador Andrés La Blunda con la coautoría de Claudio Américo Ferreño y Andrea Mariana González, reemplazaría el régimen vigente desde 2004 y actualizaría sus mecanismos de acceso y cobertura.

Podrán acceder los hogares residentes en la Ciudad cuyos ingresos no superen una vez y media el valor de la Canasta Básica Total, y que no tengan conexión domiciliaria al gas de red o la tengan suspendida por mora, siempre que acrediten gestiones de regularización. La cobertura será de al menos el 50% del precio de referencia de cada garrafa, y podrá llegar al 100% en hogares con niñas, niños, adolescentes, personas mayores de 60 años, con discapacidad o enfermedades crónicas. La bonificación será del 100% para hogares en situación de indigencia o emergencia habitacional.

El beneficio cubrirá garrafas de 10, 12 o 15 kilogramos. Se establecen dos garrafas mensuales como mínimo entre abril y septiembre, y al menos una por mes de octubre a marzo. La autoridad de aplicación podrá ampliar esas cantidades según la composición familiar, vulnerabilidad y situaciones climáticas. El beneficio podrá otorgarse mediante bonos, vales, descuentos o reintegros, y la falta de cuenta bancaria no será un obstáculo para acceder.

Se creará un Registro Único de Beneficiarios con inscripción digital y presencial en sedes comunales y puntos de atención social, buscando facilitar el acceso a quienes habitan en barrios populares, hoteles, pensiones o viviendas informales. La autoridad de aplicación deberá informar semestralmente a la Legislatura sobre cantidad de beneficiarios, distribución por comuna, montos otorgados y ejecución presupuestaria.

Los autores del proyecto señalan que, tras más de veinte años del régimen vigente, las condiciones sociales y económicas requieren actualizar la normativa. El Poder Ejecutivo porteño tendría 90 días desde su sanción para reglamentarla. Mientras se implementa el nuevo programa, se mantendrán las prestaciones del régimen actual.