La legisladora porteña Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para derogar el Decreto 230/26, firmado por el jefe de Gobierno Jorge Macri el 22 de junio, mediante el cual se declaró esencial el servicio de recolección de residuos y se establecieron prestaciones mínimas obligatorias para el transporte público durante conflictos laborales.
La iniciativa propone dejar sin efecto el decreto en todos sus términos y declarar nulas las resoluciones o disposiciones que reglamenten o limiten el ejercicio del derecho de huelga, de asamblea y de la actividad sindical en los sectores alcanzados por la norma.
El decreto impulsado por el Ejecutivo porteño establece que, durante huelgas o medidas de fuerza, el servicio de recolección de residuos deberá garantizar una cobertura mínima del 75%, al ser considerado un servicio esencial. Asimismo, dispone que las líneas de colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad, el subte y el Premetro mantengan al menos el 50% de su funcionamiento habitual, por tratarse de actividades consideradas de importancia trascendental.
Según el Gobierno porteño, la medida busca asegurar la continuidad de servicios estratégicos para la salud pública, el cuidado del ambiente y la movilidad urbana. La decisión se fundamenta en la reforma incorporada por la Ley Nacional 27.802 de Modernización Laboral, que modificó el régimen de conflictos colectivos previsto en la Ley 25.877.
Desde el Frente de Izquierda cuestionaron la medida al considerar que la obligación de mantener esos niveles mínimos de funcionamiento durante una huelga afecta el ejercicio efectivo del derecho constitucional de protesta. En los fundamentos del proyecto, Biasi sostiene que exigir la prestación del 75% del servicio de higiene urbana o del 50% del transporte público equivale, en la práctica, a impedir la realización de los paros.
La legisladora también afirmó que el decreto constituye una aplicación local de la reforma laboral nacional y consideró que su implementación favorece a las empresas concesionarias del transporte y de la recolección de residuos. Entre ellas mencionó a Emova, operadora del subte, a las empresas de higiene urbana y a los grupos empresarios del transporte automotor.
Además, el proyecto establece que las condiciones de trabajo, seguridad e higiene, así como los esquemas de prestación durante conflictos colectivos, deberán regirse exclusivamente por los convenios colectivos de cada actividad y quedar bajo la supervisión de comités de trabajadores elegidos en asamblea. De esa manera, busca impedir que el Estado o las empresas impongan prestaciones mínimas obligatorias durante las medidas de fuerza.
El Decreto 230/26 entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y alcanza al servicio de recolección de residuos, las líneas de colectivos cuya regulación corresponde al Gobierno porteño y la totalidad de la red de subtes y Premetro.
