La Legislatura porteña aprobó un proyecto de ley que establece la eliminación total o parcial de un amplio conjunto de disposiciones legales que han perdido vigencia, utilidad práctica o sentido administrativo en el funcionamiento actual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa, que contó con un despacho de mayoría aprobado en base a un texto impulsado por la diputada María del Pilar Ramírez de La Libertad Avanza, sostiene que la acumulación normativa generó superposición de reglas, circuitos burocráticos redundantes y dificultades en la gestión pública y privada. En ese sentido, el planteo de simplificación busca construir una administración más ágil, eficiente y moderna, reduciendo trámites innecesarios y facilitando la actividad económica local.
La denominada “Ley de Hojarasca” alcanza la derogación de 30 leyes, 25 ordenanzas y múltiples artículos de normativa vigente, representando una porción mínima de las más de 6.900 leyes registradas en el cuerpo legal porteño. A pesar de los argumentos del oficialismo sobre la necesidad de esta depuración para mejorar la calidad institucional y reducir la carga regulatoria, la sesión estuvo marcada por las diferencias legislativas. Existió un despacho de minoría que no llegó a votarse, el cual cuestionaba la metodología de selección y proponía en su lugar la creación de una Unidad Técnica de Consolidación Normativa integrada por representantes de la Legislatura, el Poder Ejecutivo, la academia y especialistas tecnológicos para realizar un análisis integral.
El debate sumó además un fuerte rechazo por parte de organizaciones vecinales y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes se declararon en estado de alerta urgente por la derogación de la histórica Ordenanza N.° 46.229. Referentes sociales denunciaron que la eliminación de este escudo jurídico deja desprotegidos a los parques y plazas públicos de la ciudad, facilitando su explotación comercial y privatización. Asimismo, advirtieron que la votación representó un grave fraude constitucional al avanzar sin respetar los procedimientos de doble lectura, las mayorías agravadas ni las audiencias públicas obligatorias exigidas por ley para la gestión de bienes comunes.
En sintonía con las críticas, la oposición sumó duros cuestionamientos al trasfondo de la medida. La legisladora Victoria Freire, del bloque Fuerza por Buenos Aires, afirmó que la reforma no representa una revisión técnica de normativa obsoleta, sino el reconocimiento de que el oficialismo gobernó mal al no reglamentar ni financiar las leyes vigentes. La diputada ejemplificó que se borraron herramientas enteras sin ofrecer alternativas, como la Ley 6376 de Fomento de la Economía Social —aprobada por unanimidad hace cinco años pero mantenida con presupuesto cero— o el artículo 3° de la Ley 470 de Desarrollo de Buenos Aires Sur destinado a la urbanización, concluyendo que el problema real del distrito no radica en las leyes en sí mismas, sino en la desidia de una gestión que las incumple.
Finalmente, la nueva normativa determina que el Poder Ejecutivo porteño tendrá que adecuar y armonizar la reglamentación que se vea afectada por las eliminaciones, además de reasignar las partidas presupuestarias vinculadas a las herramientas suprimidas. Entre el masivo listado de textos dados de baja por la Legislatura figuran, además de las ya mencionadas, leyes históricas como la 16, 50, 109, 288 y 477, junto a un largo listado de ordenanzas municipales que van desde la 1.570 hasta la 51.667, sumado a la anulación de artículos específicos pertenecientes a las leyes de salud, faltas y de la administración pública.
